ALCANCES. La reforma que analizarán los senadores no sólo aborda el tema de la obesidad, sino también trastornos alimenticios, y plantea la obligación del Estado de promover entornos de vida saludables (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )
Miércoles 03 de noviembre de 2010 Ricardo Gómez y Elena Michel | El Universal politica@eluniversal.com.mx
En medio de acusaciones de senadores que aseguran que hay conflictos de intereses, el Senado de la República se apresta hoy a discutir la reforma antiobesidad que la semana pasada se quedó en trámite de primera lectura ante el intento de varios legisladores por frenarla.
La iniciativa orienta los primeros pasos para generar una nueva cultura que permita el desarrollo de los niños en las escuelas de educación básica bajo un entorno saludable.
El dictamen se ha visto constantemente bloqueado por senadores como la priísta María del Socorro García, quien además de tener una liga con la familia Ruiz, en Querétaro, donde se embotella el refresco Coca-Cola, afirma que los cambios no están bien fundamentados.
Prevén reservas al articulado
La semana pasada, EL UNIVERSAL documentó y dio seguimiento a este caso, en el que varios senadores señalaron el “conflicto de intereses” de la senadora Socorro García, quien a su vez rechazó las acusaciones y argumentó que sólo busca mejorar el dictamen.
En la investigación, también salió a relucir el caso de la senadora del PRD Yeidckol Polevnsky, quien ha votado en contra todos los dictámenes relacionados con el tabaco. En entrevista, la legisladora rechazó que esto tenga que ver con que una de sus hijas trabaja en la empresa British American Tobacco (BAT).
Defenderán iniciativa
Senadores del PAN y del PRD adelantaron que irán “con todo” para defender la reforma antiobesidad y así combatir el problema de salud pública que afecta a niños y jóvenes.
La reforma no sólo aborda el tema de la obesidad, sino también de otros trastornos alimenticios; propone elaborar un proyecto conjunto que establezca las facultades para que la población pueda elegir una dieta de manera informada y la obligación del Estado de promover entornos más saludables.
Establece la obligatoriedad para que la Secretaría de Salud, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), determine los alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azúcares solubles, a los que se les limitará su comercialización en centros escolares.
Ordena a las escuelas limitar el consumo de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido de grasas.
Se pide, además, inducir hábitos de vida saludables y que la publicidad no atribuya a los alimentos y bebidas no alcohólicas y a los suplementos alimenticios un valor superior o distintos al que tengan en realidad. El etiquetado de todos estos productos deberá señalar el contenido nutricional que poseen.
La reforma también impone obligaciones a la Secretaría de Salud para que en coordinación con gobiernos estatales proporcione información para favorecer la adopción de una correcta alimentación en la sociedad.
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